Fecha original de publicación: 9 de Marzo del 2015
Eduardo Bitrán, vicepresidente de la CORFO, ha anunciado recientemente que se regresará a la política de clusters. Esta política fue evaluada y formulada durante los últimos años de la primera administración Bachelet, y suspendida durante el gobierno de Sebastián Piñera. Esta decisión responde a la necesidad de contar con una política industrial activa para el fomento de los diversos sectores productivos, tanto los consolidados en la economía nacional como aquellos que representan una oportunidad a aprovechar. Es también un golpe de timón para definitivamente recuperar la productividad de nuestra economía, que no logra alcanzar tasas como las vistas en los 90.
La política de clusters corresponde a la generación de vínculos entre firmas productoras, proveedoras de insumos y servicios, e instituciones, todas próximas geográficamente, para el aprovechamiento de las externalidades. En términos simples, el Estado, mediante una agencia o ministerio, asume la coordinación de todos los actores relevantes para el desarrollo de una industria o sector económico en una región o localidad, de modo que su unión y cooperación genera beneficios más allá que el esfuerzo individual de cada una.
Esta noticia no deja de ser relevante porque, de realizarse, sería el primer esfuerzo concreto de un gobierno post dictadura para crear una verdadera política industrial, que no se limite al emparejamiento de cancha, en términos de ambiente de negocios, o la promoción de las relaciones comerciales. Porque no nos dejemos engañar, pues desde el retorno de la democracia, ninguno de estos gobiernos había realizado acciones directas para que el Estado incida en el desarrollo productivo del país. Curiosamente, durante los últimos años de dictadura, mediante la acción de Fundación Chile, se fomentó el sector forestal y acuícola de salmón de modo de crear las reconocidas industrias que son hoy, a pesar de representar al más fuerte y puro dogma neoliberal.
Es ese mantra del neoliberalismo, que pone el grito al cielo ante la sugerencia de acción estatal en asuntos que desean dejarla a la deriva del mercado, bajo los incentivos y rigores que propone una mirada de corto plazo como lo es la economía de mercado, el que ha regido las decisiones de los hacedores de política económica. Bajo ese argumento, se prestaría a corrupción pública y distorsión en las decisiones de los privados. Décadas de aprendizaje sobre la correcta gestión de recursos públicos, desde el fracaso de la estrategia de Industrialización por Sustitución de Importaciones (y la industrialización forzada, en general), fueron ignorados en el establecimiento de un nuevo norte en que simplemente se dejó flotar la economía a la deriva de los mercados y precios de commodities mundiales.
Durante 2007 el Consejo Nacional para la Innovación y la Competitividad (CNIC) entregó un completo informe, desarrollado gracias al consenso de centenares de expertos, que destacaba áreas de fuerte potencial económico a ser desarrollados. Este, en particular, indicaba el fomento de clusters. Estamos hablando de un pilar para crear una estrategia nacional para el desarrollo productivo. Sin embargo, el informe de la CNIC fue rápidamente desechado por la administración Piñera en una demostración de evidente cortoplacismo y de que aún está latente ese miedo ideológico en la derecha y economistas neoliberales a una acción más decidida del estado y, por ende, forzar la completa renuncia sobre el rol de éste sobre esta materia. Hay que tener claro que el gran beneficio de una política así proviene de la coordinación entre actores que genera el Estado, esfuerzo cuyo costo el sector privado no está dispuesto a asumir. Y recordemos que, al final del mandato de Piñera, sus mayores “logros” económicos fueron hacer más fácil la creación de empresas (necesario, pero ciertamente insuficiente), y aprovechar el haber estado sobre la cresta de la ola en cuanto la economía mundial empujó el precio del cobre y permitió una demanda interna constante.
Hay que considerar que casos exitosos de desarrollo económico de países como Irlanda, Israel, Taiwán y Corea del Sur, entre otros, se debió en gran medida a la decisión de sus autoridades de realizar políticas activas para el fomento de sectores productivos y la innovación. En Latinoamérica, el caso más cercano y reciente es el de Bolivia, país que al igual que Chile posee enormes reservas de litio, y quienes, a pesar de no contar con una estrategia clara al respecto, han decidido tomar las riendas de la explotación de su recurso en apoyo de firmas extranjeras.
Esta es una oportunidad excepcional, reitero, para que Chile aspire a tener parte del control sobre su economía. Sin embargo, se presentan desafíos por delante. Ciertamente, una política como esta requiere de una mirada de largo plazo y consenso sobre lo necesaria que es. Además de constante actualización y monitoreo de los sectores que deben ser potenciados. Sin embargo, lo más inmediato y evidente, a la luz de los acontecimientos, es evitar que el dogma neoliberal, en caso de alternancia de poder, vuelva a cortar la aplicación de esta política, fruto de un largo y serio trabajo, sin más razones que su rechazo irracional a un Estado que busca el porvenir de su economía.
Christian Labarca
Estudios Nueva Economía
