Artículo originalmente publicado en ROSA, una revista de izquierda 
Imagen: Marcha del 8M, 2020. Santiago, Chile. Fuente.

Las mujeres participamos de manera diferente a los hombres en política porque nuestra historia y nuestra socialización no han sido las mismas. Por esto, nuestros códigos y nuestra forma de entender lo “público” responde a una construcción histórica, social y cultural a la que hemos sido sometidas —y desafiadas. Estas formas de dominación masculina hetero cis están representadas, principalmente, por el Estado-nación, pero también por el actuar de nuestros padres, hijos, amantes y jefes.

La marginación hacia las mujeres en el ámbito político-electoral fue una forma de discriminación directa de los estados patriarcales. En Chile, recién en 1934 se nos reconoce el derecho a voto en las elecciones municipales y, posteriormente, en 1949 en las elecciones presidenciales y parlamentarias (Ley Nº 9.292). En este sentido, “las mujeres hemos heredado una historia general y una historia de la política, en particular, narrada y constituida solo por hombres por lo que es lícito suponer a ambas, una cierta desviación masculina que nos ha dejado en silencio, e invisibles ante la historia” (52), señala Julieta Kirkwood en su libro Ser Política en Chile, publicado en 1982. Y agrega que, para nosotras, alcanzar la conciencia política ha sido un proceso a través de las ideas, acciones y organizaciones constituidas por el poder y la cultura masculina; esto es, en sus términos, sus valores, su lenguaje, sus formas de organización. Así, nos han enseñado formas de “ser” y de “querer ser”, estableciendo los parámetros de lo que es apropiado y bueno para nosotras.

Anteriormente, en 1911, Emma Goldman ya había criticado duramente el “fetiche moderno” por alcanzar el sufragio universal, el que las mujeres de su época defendían “con ciega devoción”. Según sus escritos, esta práctica es el mal que esclaviza a las personas al impedirles ver cómo son astutamente sometidas. ¿Debemos —se preguntaba Goldman en su ensayo El Sufragio Femenino— asumir que el veneno inherente a la política se reducirá si la mujer pudiera participar en dicha arena? Para no descontextualizar su argumentación, el cuestionamiento emerge al observar que, en los países donde las mujeres habían obtenido el derecho a voto o habían sido electas en cargos de representación, no existía una mayor igualdad social y económica, ni tampoco en una mejor apreciación por la vida humana, ni un mayor compromiso por la lucha social. Por ejemplo, tanto en Australia como en los pocos estados en Estados Unidos que habían logrado el sufragio femenino, el derecho se reducía a mujeres propietarias, dejando fuera a las mujeres de clase trabajadora sin propiedad.

Pese a no creer en el sufragio como sistema, Goldman advierte dos cosas: que si la urna es un arma, entonces las necesidades de los desheredados son superiores a las de las clases económicamente privilegiadas, pues estas últimas ya gozan de demasiado poder en virtud de su superioridad económica. En segundo lugar, que el desarrollo de la mujer, su libertad y su independencia, deben provenir de ellas mismas, y no —como lo indican las sufragistas de la época— a partir del voto, ya que la mujer solo será libre si se reafirma como persona y no como objeto sexual. Es decir, rechazando cualquier derecho que se pretenda imponer sobre su cuerpo, como la obligación de tener hijos —a no ser que los desee— y rechazando ser una sierva de Dios, del Estado, de la sociedad, del marido, de la familia.

En este aspecto, importa plantear que el período de la “formación del patriarcado” no se dio “de repente”, sino que fue un proceso que se desarrolló en el transcurso de 2.500 años, desde aproximadamente el 3.100 al 600 a.C, explica Gerda Lerner en su libro La Creación del Patriarcado (1985). Según cuenta la historiadora, el patriarcado apareció por primera vez en el estado arcaico, y que la familia patriarcal ha sido flexible y variada según la época y los lugares. No obstante, en todas estas configuraciones, los cambios dentro de la familia no han alterado el predominio masculino sobre la esfera pública, las instituciones y el gobierno. Más bien, la familia ha sido el mero reflejo del orden imperante en el Estado y, como tal, ha servido de instrumento para educar a la juventud en sus términos con la finalidad de reforzar constantemente el orden establecido. Lerner explica que la dominación paternalista en la que se expresa el patriarcado es una relación entre dominantes —los hombres, considerados superiores— y dominadas —las mujeres, consideradas inferiores—, cuyo poder se expresa en las obligaciones mutuas y los deberes recíprocos. Así, “el dominado cambia sumisión por protección, trabajo no remunerado por manutención” (61), estableciendo la separación de la esfera pública (política) de la privada (doméstica).

La exclusión de las mujeres en la esfera pública forma parte del pensamiento fundacional de la teoría democrática moderna, impulsada por los teóricos del contrato, como Hobbes, Locke, Rousseau y Kant, señala Carole Pateman en su libro El Contrato Sexual (1988). Pateman desde una crítica feminista argumenta que en las sociedades modernas ha existido siempre un pacto anterior al pacto social, en que el verdadero pacto fundador es el “pacto sexual” o bien el que ella denomina “contrato sexual”. Este contrato (que no se explicita), se centra en las relaciones heterosexuales, en que los hombres entienden a las mujeres como seres sexuados y reproductivos. En otras palabras, el pacto originario es tanto un pacto sexual (y patriarcal) como un contrato social al establecer un orden de acceso al cuerpo de las mujeres y, a su vez, el derecho político de los hombres sobre las mujeres. Esto no implica que la sociedad no fuera entonces patriarcal —lo era, en un sentido paternalista—, es que con el surgimiento de las democracias modernas se sustituye la figura del “padre” por la figura fraternal, siendo entonces, un pacto patriarcal entre “fraters”, entre hermanos.

Así, las mujeres a través del contrato del matrimonio son el objeto del contrato sexual, explica Pateman. Por mucho que las parejas intenten evitar los términos patriarcales en una relación, ninguna puede escapar por completo a las consecuencias legales y sociales de haber suscrito el contrato matrimonial, situación que atraviesa todas las clases y grupos racializados. A partir del derecho natural que los hombres se otorgan sobre las mujeres, entendemos lo establecido en la sociedad moderna sobre lo “masculino” y lo “femenino”, estructurando las instituciones por una parte, y por otra, justificando sus diferencias como un “orden de la naturaleza”.

La diferencia sexual de los teóricos modernos es una diferencia política que responde a la historia de la dominación y la subordinación, señala Pateman. De esta manera, los hombres han transformado su libertad natural en libertad civil, tomando posesión de la esfera pública y, al mismo tiempo, han establecido ciertos atributos sobre las mujeres —ser menos racionales e incapaces de controlar emociones (y, por lo tanto, no aptas para participar del ámbito público y de la política)—, determinando que su estado “natural” es la sujeción. Ahora bien, no se les considera como ciudadanas ni como seres autónomos, pero se les “concede” el contrato del matrimonio, institucionalidad que las incluye en la sociedad civil. De manera que su libertad, reducida al ámbito privado (y doméstico), entra en una contradicción al ser esta “una esfera que es y no es parte de la sociedad civil. La esfera privada es parte de la sociedad civil, pero está separada de la esfera ‘civil’”, puntualiza Pateman.

Nuestra llegada al mundo público ha sido, entonces, un camino tardío, lento y con múltiples obstáculos. En este entender y aprender es que hemos acuñado la frase de Carol Hanisch “lo personal es político”, que destierra la concepción de la mujer relegada al mundo “privado”, manifestando con ello que todas nuestras acciones son políticas, incluidas aquellas “dentro” de la casa. El texto de Hanisch es la teorización de un pensamiento colectivo, específicamente del grupo de las Mujeres Radicales de Nueva York en 1969[1], quienes comenzaron a juntarse y conversar sobre problemas que, históricamente, fueron considerados como “personales”. Referían a la sexualidad, la apariencia, el aborto, la demanda de compartir las tareas en el hogar, el cuidado de les niñes y dinámicas de la pareja heterosexual. Estas reuniones fueron tildadas de “grupos personales” o “de terapia”, tanto por hombres como mujeres, manifestando con ello que trataban problemas de salud mental y no de las condiciones objetivas de “ser mujer” en un mundo patriarcal.

La consigna “lo personal es político” surge al identificar las violencias de género sexuales, psicológicas y económicas— y entender que lo que “yo viví o estoy viviendo”, también “lo vivieron o están viviendo” otras mujeres, y que “cuando nos atrevemos” a contar estas experiencias tomamos conciencia de que no se trata de casos aislados ni “domésticos”, sino que responden a un problema público y, por lo tanto, político. En este punto resulta necesario mencionar la consigna “democracia en la calle, en la casa y en la cama” levantada por Margarita Pisano y por la misma Julieta Kirkwood, explicitando que no hay independencia entre la esfera privada y la esfera pública, y que somos sujetas de derecho siempre, no solo a veces.

En este sentido, los distintos feminismos han jugado un rol protagónico en la crítica de la sociedad y de las culturas patriarcales. De manera que, en gran medida, es gracias a las distintas intelectuales y activistas, que hemos avanzado en evidenciar y cuestionar “la” historia, y las imposiciones y dominaciones del Estado-nación. Además, de posicionar la lucha por una sociedad igualitaria, reconociendo y acuerpando desde la amistad política a las identidades sexuales no normativas y su campo político disidente. Estos y otros aportes se traducen en la edificación de las nuevas bases sociales sobre las cuales hoy entendemos “la vida en sociedad”. El feminismo, como bien señala Marcela Lagarde (2012) es el aprendizaje e invención de nuevos vínculos, afectos, lenguajes y normas, que “se plasma en una ética, y se expresa en formas de comportamiento nuevas tanto de mujeres como hombres” (461). Pero también, y no menos importante, el feminismo es una construcción política desde la cual hemos madurado y solidificado nuestra confianza política.

Ahora bien, es cierto que hoy no tenemos nociones tan rígidas sobre cómo entendemos lo público y cómo nos desenvolvemos en ese espacio; sin embargo, vemos otras formas de dominación y opresión que, al igual que la discusión de los límites de las esferas, responden a una forma dicotómica de discriminación, como lo es el binarismo de género en un nivel heteronormativo. En otro aspecto, aún hay resistencia en cuanto a la representación de la comunidad LGBTIA+ en el ámbito político, quienes siguen explícitamente excluides de la esfera “pública”.

El patriarcado no ha muerto, pero juntes debemos abolirlo. Un primer paso es reflexionar desde el feminismo los temas claves a incorporar (y enfocar) en la convención constitucional, incluyendo en este análisis las acciones que empujaran la transformación social y cultural que queremos.

Por un nuevo pacto social

Chile será el primer país en el mundo en tener una Constitución redactada de forma paritaria. Por lo mismo, es nuestro deber como sujetas históricas luchar y defender como principio político que sus contenidos sean feministas, antipatriarcales, anticapitalistas y antiextractivistas. En esta misma línea, urge resignificar la paridad fuera de su estructura social opresiva del binarismo cisgénero, dando lugar a otras identidades “que no calzan con la estructura hombre/mujer o masculino/femenino”[2]. Hoy podemos compartir espacios con los grupos históricamente excluidos, como lo han sido las diversidades sexuales y de géneros, lo que implica no solo el reconocimiento como sujetas y sujetes, sino que también impulsar su representación en las listas a constituyentes, superando las candidaturas meramente simbólicas.

Escribir las bases del Chile que queremos es primordial para terminar con los enclaves tradicionales de larga data y los amarres del neoliberalismo impuestos en dictadura para combatir contra la violenta desigualdad que nos segrega y divide por género, clase y raza. Ahora bien, redactar la Carta Magna, como hacer reformas y estatutos legales forman solo una parte de nuestro proceso de emancipación. Los contenidos en el papel no van a abolir el patriarcado. Para lograr una verdadera transformación y revolución social, tenemos que apostar por cambios sociales y culturales. Esto implica cambios conductuales que como sociedad debemos impulsar, más allá de los mecanismos formales. En este aspecto, una visión feminista y revolucionaria de la nueva Constitución necesariamente tiene que preguntarse por sus contenidos, pero también por su nivel macrosocial: i) ¿cuáles son las bases para construir un Chile libre de dominaciones, imposiciones y jerarquías sociales?; ii) ¿qué vamos a escribir, concretamente?; y iii) ¿cómo vamos a afirmar, desde el cambio social y cultural, dicha transformación social?

Bajo este escenario resulta primordial establecer un nuevo pacto social y derribar el contrato sexual entre fraters. De esta forma, la Constitución tiene que ser feminista y establecer los derechos sociales sobre la base de una perspectiva de género y de las disidencias sexuales. Entendiendo que las desigualdades de poder son producto de una construcción social y cultural, necesitamos corregir el vicio de la sobrerrepresentación masculina, es decir, para reparar la subrepresentación de mujeres y de disidencias requerimos de políticas específicas que hagan explícita la redistribución del poder, a partir de normas que obliguen, en todas las estructuras, la paridad en los términos aquí planteados.

Para lograr la igualdad resulta indispensable una renovación estructural del sistema de producción y reproducción, postura que bien ha profundizado y defendido la economía feminista, que en su definición establece como base la sostenibilidad de la vida, apartándose de la comprensión hegemónica de la economía. En términos generales, esto entraña que la corresponsabilidad social debe ser compartida; solo así es que avanzaremos en su reconocimiento como horizonte estratégico, y en en lo práctico, en su remuneración y consideración del uso del tiempo de quienes —en su mayoría, mujeres y disidencias sexuales y de géneros— han asumido en la invisibilidad las tareas de reproducción y de cuidado.

Otros componentes a considerar son los derechos sexuales y reproductivos, cuyas decisiones no pueden atenerse a un plano estatal, ni menos todavía en un plano valórico, moral o religioso. El caso específico del aborto responde a una decisión que debe ser libre, propia de las mujeres y en su libertad de elección. La legalidad es necesaria para ejercer este derecho, pero es deber del Estado no opinar sobre este, sino velar porque existan las condiciones para que su realización sea en un lugar seguro y su proceder gratuito.

Derribar los estereotipos abarca por un lado, establecer derechos, sanciones y legalidades y, por otro lado, implementar políticas en educación temprana que apunten a erradicar los estereotipos y que aboguen por la igualdad entre los géneros. Pero, al mismo tiempo, se trata de impulsar cambios en un nivel cultural, como suprimir los cánones de belleza o imposiciones históricas que han determinado, desde el binarismo, cómo deben ser los hombres y las mujeres, así como también cómo debe ser la pareja y su sexualidad. En miras a derrumbar los estereotipos más anclados en nuestra sociedad, que se producen y reproducen en el transcurso de la vida, debiéramos apuntar a: terminar con la estigmatización de los colores de niña y de niño, dejar de vincular la diversión a ciertos juguetes según el género, y dejar de fomentar las carreras feminizadas, como párvulos, enfermería y humanidades solo hacia las mujeres, mientras que las matemáticas-científicas a los hombres, tanto por sus familias como sus educadores.

En otro plano, también tenemos que trabajar en la desnormalización de los machismos y micromachismos en todos los espacios sociales, lo que implica atreverse a criticar y detener a los amigos y a la misma familia cuando, en modo de chiste o comentario, se burlen, atenten o minimicen a las mujeres o a las disidencias. Mientras tanto, en los lugares de trabajo y en el activismo político, un primer paso es establecer protocolos de conducta que incluyan pasos a seguir y sanciones específicas frente a casos de acoso o de violencia.

En paralelo, el Estado deberá —ahora sí— garantizar explícitamente la eliminación del sexismo, el machismo, la misoginia, la homofobia, la lesbofia, la transfobia y todas las fobias sexuales y discriminatorias, para lo cual es necesario trabajar en políticas educativas en alianzas con los medios de comunicación. En este último tiempo, a partir del caso de Antonia Barra quedó de manifiesto la urgencia en instalar la perspectiva de género en el Poder Judicial, tanto al momento de investigar las causas como en el momento de entregar los veredictos. También apremia la necesidad de educar a los jueces en ejercicio y próximos a suceder, junto con instalar políticas que den protagonismo y representación a las mujeres en dichos cargos, corrigiendo la supremacía masculina histórica del espacio.

A propósito de los vacios de la actual Constitución, en los casos referidos a la discriminación en materias específicas LGBTIA+ se suele recurrir a la normativa internacional para corregir estas contradicciones, como aquellos que refieren a casos concretos de violación a los derechos humanos. Sin embargo, no basta con adscribir a los tratados, pues su nivel de aplicación queda abierto a la interpretación de quien esté a cargo del caso. Por ello, es imprescindible que la incorporación de la defensa de los Derechos Humanos quede de forma explícita en nuestra Constitución, siguiendo los lineamientos internacionales específicos y avanzados en la materia.

En otro ámbito, necesitamos democratizar los medios de comunicación masiva. En Chile, los conglomerados Copesa y El Mercurio S.A.P concentran el duopolio ideológico de la información, lo que se traduce en una profunda contradicción del ejercicio mismo del periodismo. Proponemos establecer, desde un punto feminista y disidente, un compromiso en su línea editorial en dirección a la igualdad de género, donde se establezcan como principios básicos: i) no abordar de manera naturalizada o sensacionalista los casos de femicidio o violencia de género, ii) negar el espacio a opiniones que atenten contra los derechos humanos de las mujeres y de las minorías sexuales y de género; iii) visibilizar a las mujeres y a la comunidad LGBTIA+, más allá de incluirles en los paneles de opinión política. Esto, apostando por una ciudadanía informada y crítica, recordando que el papel del periodismo es justamente contrarrestar el abuso de poder.

Por otro lado, debemos impulsar que tanto los estudios de opinión pública, como los formularios estatales y cualquier cuestionario, documento o solicitud —ea del espacio que sea—, incluyan opciones fuera de la lógica binaria hombre/mujer. De no incorporar este campo, seguiremos manteniendo la omisión de género que, en sí, es peor que la desigualdad de género, al desconfirmar algo tan elemental como su existencia. Lo anterior, es importante en múltiples níveles, desde tener datos confiables para la elaboración de políticas públicas hasta salir de la ceguera histórica en que se nos ha enseñado a ver y entender la sociedad. Siguiendo con lo anterior, urge entender que la lucha feminista va de la mano de la lucha de las disidencias sexuales y de géneros y las interseccionalidades subyacentes a las mismas. Solo a partir de nuestra emancipación —y, por lo tanto, la destrucción de la estructura patriarcal-capitalista-extractivista—, es que lograremos la igualdad de voz política.

[1] Este grupo formaba parte del Movimiento de Liberación de las Mujeres, más conocido como WLM, por su cifras en inglés (Women’s Liberation Movement).

[2] Véase la columna “Disidencia sexual y militancia partidaria: tensiones y desafíos desde la izquierda”, escrita por Leonardo Jofre y Rodrigo Mallea, publicada en Rosa (13 de julio de 2020).

Referencias

Kirkwood, Julieta (1982). Ser política en Chile: Las feministas y los partidos. Santiago: LOM Ediciones

Goldman, Emma (1911). El sufragio femenino. En Goldman, E. “La palabra como arma” (pp. 117-128). Buenos Aires: Libros de Anarres

Lagarde, Marcela (2012). El feminismo en mi vida. Hitos, claves y topías. Distrito Federal: Inmujeres DF

Lerner, Gerda (1985). La creación del patriarcado. Barcelona: Editorial Crítica

Hanisch, Carol. (2016) Lo personal es político. Chile: Ediciones Feministas Lúcidas

Pateman, Carole. (1988) El contrato sexual. Barcelona: Anthropos

Jofre, Leonardo; Mallea, Rodrigo. (2020). “Disidencia sexual y militancia partidaria: tensiones y desafíos desde la izquierda”, por Leonardo Jofre y Rodrigo Mallea, publicada en Rosa (13 de julio de 2020).

Constanza Pérez Verdugo es Periodista por la Universidad Diego Portales y Magíster (c) en Políticas Públicas, Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

Introducción

La celebrada sesión parlamentaria del día 8 de julio ha evidenciado sus inmediatos efectos sobre la economía chilena. También en lo político, donde la coalición oficialista según diversos analistas experimenta un terremoto interno. Estéril fue la táctica del Gobierno para contener lo que se anunciaba como una fuga de votos en la UDI (4) y RN (9). Sólo los parlamentarios de Evópoli fueron fieles a los lineamientos del timonel de Hacienda, Ignacio Briones. Crónicas del proceso se encuentran ya publicadas en diferentes medios de prensa.

En lo bursátil el sismo no ha sido menor. Según el Índice de Precios Selectivo de Acciones (IPSA), el cual mide variaciones de precios en las empresas emisoras chilenas más grandes de la Bolsa de Santiago, experimentó un retroceso que ronda el 3%. El trasfondo se encuentra marcado por una liquidación de activos (o venta de acciones) por parte de las AFP. El peor escenario que estas proyectan es que el 100% de los afiliados retiren la cuota permitida para sus fondos. JP Morgan, en tal escenario, proyecta US$15.000 millones en pérdidas para las AFP locales.

Ante ello comienzan a circular una serie de cuestionamientos sobre un posible (principio del) fin del sistema de ahorro forzado, que son las AFP. La configuración del sistema institucional chileno, cuyo bastión es la Constitución de 1980, presenta una serie de obstáculos para que dicho anhelo se haga realidad. La decisión ahora debe ser discutida en el Senado, y eventualmente por el Tribunal Constitucional. Nuestro llamado es a responder a preguntas empíricas como “¿será este el fin de las AFP?” desde la evidencia histórica, y no desde nuestros (justificados) anhelos.

Efectos económicos y rol del Estado

El sistema de las AFPs está basado en un mercado de cuentas individuales que son capitalizadas y transadas en bolsas especulativas. Al día siguiente de la aprobación en la Cámara, los mercados bursátiles locales abren con números rojos, un tipo de cambio del dólar al alza y con menores expectativas que presionan a la baja el valor de los activos. Esto porque el retiro del 10% de los fondos previsionales obligaría a las AFPs a cambiar los títulos financieros por dinero efectivo para pagar el retiro. Su consecuencia sería liquidación de más de US$2500 millones. A su vez, esto provocaría que el precio de esos activos caiga junto a la valorización de todos los fondos previsionales.

Las proyecciones indican que el retiro impactaría negativamente en una diversidad de aspectos macroeconómicos. Empero, el efecto directo podría darse sobre los bolsillos de la clase trabajadora. Según estimaciones de Fundación Sol, las futuras pensiones con esta decisión podrían reducirse entre un 1% y 9%, dependiendo de la edad y el sexo del afiliado. Por ende, si el objetivo es lograr pensiones dignas en el país, por sobre modificaciones al interior del sistema previsional vigente, es necesario su reemplazo por uno nuevo.

Según los análisis de Fundación Sol, un hombre de 50 años, sin retiro, recibiría en promedio una pensión estimada de $242.997 mensuales. Con el potencial retiro del 10%, dicha pensión se reduciría a $222.791, un 8,3% menos. Para el caso de una mujer promedio de 25 años, sin retiro, recibiría una pensión de $129.646, la cual caería a $128.146 (1,2% menos) con el potencial retiro anticipado.

Es correcto el argumento económico de que el retiro anticipado de fondos supone una reducción en los ingresos de las y los futuros pensionados. Pero más cierto es el hecho de que al interior de los límites del sistema previsional de AFP difícilmente puedan, con o sin modificaciones, lograrse pensiones dignas para las y los jubilados en Chile. Se trata de una discusión política, por sobre técnica y de términos economicistas, como intentan demostrar personeros como Briones. De acuerdo a Fundación Sol, el horizonte debiera ser construir un sistema de pensiones universal similar al que poseen actualmente las ramas uniformadas.

Lo que la coyuntura actual revela es que el desmantelamiento de los sistemas de protección social, vía neoliberalización, ha contribuido a articular el carácter actual de la llamada corona-crisis en Chile. Los términos del debate no figuran con la amplitud y profundidad merecida en los medios de comunicación de masas. Según analistas, esto se debe a que ellos son también propiedad de los grandes capitales nacionales, vinculados a la clase gobernante y especuladora del país.

La llamada corona-crisis ha involucrado un amplio cuestionamiento a la configuración de los múltiples aspectos que articulan el modelo económico chileno. Entre ellos los sistemas de pensiones, sanitarios, y de protección social. Esto ha impulsado el debate por el retiro de pensiones para mitigar las carencias económicas de las familias ante los efectos de la pandemia. Habilitar a las personas para clamar por el retiro anticipado de sus pensiones, a modo de aliviar su presente, no es una ayuda concreta del Estado. Sin embargo, el Estado ya entrega ayudas y transferencias a grandes empresas a través de créditos sin intereses y subsidios directos con la “inocente” pretensión de que estas no despidan trabajadores/as.

Lo anterior desenmascara un modelo que subsidia la utilidad de grandes empresarios, mostrando —entre otras cosas— la incapacidad del libre mercado para gestionar los episodios de catástrofe que estos mismos generan. Los efectos de la pandemia, pese a perjudicar a la humanidad en su conjunto, impactan con mayor violencia sobre las capas vulnerables y desprotegidas. Esto nos obliga a reflexionar sobre la necesidad de avanzar en un nuevo modelo de desarrollo, cuyo objetivo central sea superar la desigualdad económica y polarización política generadas por el neoliberalismo, y negativas para la estabilidad general de los sistemas sociales.

Comentarios al cierre

Sin duda, la votación del 8 de julio en la Cámara de Diputados es histórica. De una parte, evidencia una tendencia al fraccionamiento al interior de la coalición de gobierno. También antecedentes para la unidad entre las fracciones de oposición. Además permite cuestionar el sistema de las AFP, abriendo posibilidades a cambios mayores para el modelo económico chileno. Como es de esperar, iniciativas en tal dirección serán calificadas por sus defensores como inconstitucionales, relevando la necesidad de concretar el Proceso Constituyente suspendido por la pandemia.

No obstante, la orientación de la decisión parlamentaria del 8 de julio del 2020, no debiera reducirse unívocamente como un triunfo para los sectores populares. A ella subyace el lineamiento empresarial de transferir los costos económicos de la pandemia hacia los bolsillos de las y los trabajadores.

Lo anterior es coherente con la gestión gubernamental clasista de la crisis. Grandes empresas —donde gobernantes son además accionistas— reciben salvatajes del Estado. Por el contrario, las masas son tentadas a retirar fondos propios de sus ya precarizados ahorros previsionales. En su predilección por el gran empresariado, en lugar de las grandes mayorías, se pone en tela de juicio la naturaleza clasista e interesada del actual Gobierno de Chile.

El escenario está abierto, como abierta está la lucha por el porvenir.

* Economista. Centro de Investigación en Innovación, Desarrollo Económico y Políticas Sociales, Universidad de Valparaíso.

** Sociólogo. Dr. © en Estudios Interdisciplinarios, Universidad de Valparaíso.

Ante la continua y sistemática violencia policial en Chile

Desde el estallido social, el gobierno ha sostenido una política sistemática de represión y violencia hacia la ciudadanía que no distan de prácticas dictatoriales o cualquier autoritarismo. El contexto de la pandemia en el cual nos encontramos, sólo ha agravado las desigualdades existentes en nuestra sociedad y la situación de precarización de cientos de miles de familias, que por el contexto social se encuentran sin ingresos suficientes para subsistir. Ante un nuevo acto de represión policial hacia la ciudadanía, como Estudios Nueva Economía declaramos lo siguiente:

1. El pasado viernes 3 de julio se manifestaron en distintas ciudades del país miles de personas en contra de la gestión del gobierno, dando cuenta de la falta de políticas que garanticen un ingreso digno y conmemorando los hechos ocurridos el 2 y 3 de julio de 1986 en dictadura, donde Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana fueron víctimas de horribles abusos y torturas perpetradas por las FF.AA.
2. En este contexto de pandemia y crisis económica, la protesta social sigue siendo un derecho y una herramienta completamente necesaria y justificada para dar a conocer el abandono del Gobierno hacia los sectores más vulnerables y su desvergonzada gestión en cuanto a políticas de salud, que ha llevado a nuestro país a enfrentar graves consecuencias sanitarias y económicas en el contexto de la pandemia.
3. Acusamos públicamente al gobierno de continuar con su política sistemática de represión y violación a los DD.HH, dada a conocer oficialmente por organismos internacionales durante el estallido social y que hoy continúa fomentando el uso innecesario de la fuerza policial al reprimir en distintas zonas del país las manifestaciones, haciendo ingreso indebido a hogares, con el objetivo de perseguir a manifestantes e incluso generando niveles de violencia que terminaron con la muerte de un joven haitiano de 21 años en Melipilla.
4. El gobierno no sólo entrega apoyos insuficientes y deficientes a la población, sino que persiste en aumentar sus facultades coercitivas. Esto se manifiesta por medio del impulso del proyecto de “Ley de Inteligencia”, que para sus efectos concretos comprende la concentración del ejercicio del poder y sin fiscalización; asimismo una potencial criminalización de movimientos sociales. Por lo tanto, de aprobarse esta ley, representaría la captura institucional bajo la administración de un Estado Policial, en otras palabras estaríamos viviendo los síntomas o la manifestación de un Autoritarismo.
5. Repudiamos el violento actuar de Carabineros contra nuestro miembro y compañero José Rojo el pasado viernes 3 de Julio en el Paseo Latorre de Villa Alemana, donde por expresar el apoyo a la manifestación realizada ese día en contra de la gestión del gobierno y el manejo del hambre que viven miles de familias y el rechazo a que Carabineros entregará partes a quienes se manifestaban, se reprimió con total violencia a nuestro compañero para luego llevarlo detenido junto a otra compañera. Afortunadamente, no se imputaron cargos y nuestro compañero se encuentra bien.
6. La violencia y la represión es funcional al capitalismo en Chile, el Estado Policial defiende los intereses del modelo económico y del gobierno. Frente a las manifestaciones y las críticas al modelo la respuesta viene siendo la represión, no son aislados los casos de organizaciones y personas que han hecho frente al modelo y han recibido persecución y violencia por parte de las distintas fuerzas policiales del Estado. Es por esto, que el sostenimiento del modelo capitalista reposa firmemente en el Estado Policial, que intenta acallar las voces de quienes se levantan en su crítica.

Hacemos un llamado a todxs a mantenerse alertas frente a la represión policial del Estado, a no olvidar que Chile despertó y sigue despierto, que este despertar es reprimido con violencia por parte de quienes tienen miedo a perder sus privilegios. Manifestemonos, seamos críticos y cuidémonos.

Red de Estudios Nueva Economía

El Cooperativismo es un modelo de organización que, como indica la Alianza Cooperativa Internacional, promueve la asociación voluntaria de personas para satisfacer en común sus necesidades y aspiraciones económicas, comunitarias y culturales, en la forma de una empresa social que es de propiedad común y de gestión democrática. En la teoría cooperativa existen 7 principios, los cuales buscan construir una estructura horizontal donde prime la acción y participación colectiva por sobre la individual, la toma de decisiones de manera democrática e igualitaria por sobre una jerarquización vertical, considerando la transparencia, ayuda mutua, autogestión y solidaridad como ejes centrales de desarrollo, no solamente a nivel interno (entre los propios socios cooperados) sino también entre las comunidades y territorios de los cuales son parte, incidiendo así de manera positiva, consciente y sustentable en el desarrollo comunitario y económico local.

Según el Ministerio de Economía, en Chile existen 1237 cooperativas activas y vigentes (División de Asociatividad y Economía Social, 2020), las cuales impactan positivamente en diversos aspectos de la actividad social, cultural y económica en el espacio en donde existen y operan, ofreciendo y brindando distintas soluciones tanto en lo laboral como también en cuanto a servicios básicos, consumo y abastecimiento, ahorro y crédito, entre otras necesidades de las comunidades y sus propios socios. Este tipo de organización trabaja en función de las particularidades de los territorios y bajo una lógica de Economía Social y Solidaria –siguiendo el concepto acuñado por el sociólogo e investigador chileno Luis Razeto Migliaro– al realzar el valor de lo colectivo por sobre lo individual, asumiéndose, de este modo, los riesgos y responsabilidades propias de la gestión en forma conjunta entre sus integrantes

La mirada del Cooperativismo –de acuerdo a su evolución histórica y repercusión en la calidad de vida de diversas sociedades en el mundo, incluyendo la nuestra– representa también una alternativa eficiente para poder hacer frente a los vaivenes del libre mercado, el cual, en función de su apertura global, ha generado una gran dependencia interna ante las vicisitudes extranjeras y ha generado, a menudo, escenarios de crisis y fuerte recesión producto de la especulación capitalista, lo que en la experiencia latinoamericana se ha traducido, en muchos casos, en amplio descontento y agitación social.

Sin dudas el 18/O removió las bases sociales y políticas de nuestra lastimada sociedad, en la cual, hasta entonces, parecía estar todo en perfecto estado bajo la dinámica del modelo neoliberal chileno, con el cual nos hemos mimetizado tristemente por más de 30 años de transición post dictadura. La vulneración del tejido social en Chile, violentado y destruido en la era cívico-militar, sentó las bases perfectas para la implantación y emancipación –a fuerza de armas, exterminio y represión sistemática a toda forma de disidencia ideológica o política– de sistemas de desarrollo centradas en el capital, la libre competencia, la propiedad privada y la acumulación excesiva por una pequeña parte de la sociedad, la cual se ha visto beneficiada hasta el día de hoy bajo un modelo de inequidad, privatización e injusticia social.

Hoy en día, el Cooperativismo nos plantea una alternativa, una oportunidad de pensar y repensar nuestro crecimiento bajo otras lógicas, distintas a las que propone el neoliberalismo. El estallido social, por su parte, nos brinda la esperanza de un reflorecimiento del tejido social antes destruido. El reencuentro a nivel comunitario y territorial, los cabildos y la reactivación y surgimiento de distintas y diversas organizaciones sociales, sientan las bases para el comienzo de la construcción de un nuevo Chile. Un nuevo Chile que debe pensarse necesariamente desde los territorios, con sus particularidades, fortalezas y debilidades. Una nueva forma de hacer las cosas, en donde prime lo colectivo por sobre lo individual y en donde el desarrollo económico –enfocado en lo social– esté por encima de un modelo de crecimiento que hoy depreda y destruye toda la riqueza y recursos de nuestro territorio nacional y que, por lo mismo, se vuelve y hace insostenible.

El Cooperativismo nos entrega herramientas para construir las bases de una nueva economía que incida desde lo humano a lo comunitario, de lo comunitario a lo territorial y de lo territorial a lo regional. Una vez ahí recién se podría pensar en escalar a niveles de incidencia internacional, en donde las lógicas macroeconómicas –de las que rara vez se hace parte la ciudadanía en general– puedan ser solventadas bajo una “competencia” con los grandes clusters y transnacionales capitalistas, haciéndoles frente con la organización de clusters cooperativos que respondan bien a nivel internacional pero que, al mismo tiempo, incidan de manera eficaz a nivel local y territorial bajo un encadenamiento productivo inter-territorial.

El levantamiento de modelos de desarrollo económico local –en donde los recursos y tributos se queden en sus mismos territorios–, el impulso a fortalecer una industria nacional que abastezca la demanda interna de alimentos, textiles y tantas otras necesidades básicas (como existió en algún momento previo a la dictadura), constituyen hoy en día una tremenda oportunidad para repensar nuestro país, considerando el contexto de crisis sanitaria y económica que hoy nos afecta y que se prevé sea aún más profunda al término de la pandemia, aún con fecha incierta. Un nuevo Chile, más justo y equitativo, tiene que sostenerse necesariamente en el tejido que hoy crece y se fortalece, en función de ollas comunes y compras colectivas. Quienes se mueven en ello, intuitivamente saben que la cooperación y la organización económica y territorial es la única forma sostenible de salir adelante en esta coyuntura: todos juntos, horizontalmente, ayudándonos en la solidaridad y autogestión como habitantes y ciudadanos de un mismo territorio nacional.

Artículo originalmente publicado en Biobiochile.cl 

Una crisis económica se vaticina para Chile. La tasa de desempleo llegó al 9% en el trimestre febrero-abril, y en el Gran Santiago se ha estimado incluso un 15,6%. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyectó que se contraerá la actividad económica en un 5,3% del PIB regional. Mientras que el Banco Central de Chile reveló una caída del Imacec (indicador mensual de actividad económica) del 14,1% en abril en relación al mismo mes del año pasado.

En un contexto como este, con un 70% de la actividad de la región Metropolitana paralizada por motivos de cuarentena, la falta de liquidez de las empresas podría volverse una situación común, pudiendo ser una antesala a eventuales quiebras. Ya en marzo las empresas de gran tamaño como LATAM, Sky Airlines y Jet Smart pidieron apoyo al Estado, y aunque el Gobierno en esos momentos desechó ayudarles, probablemente esta sea una tendencia que vaya en aumento.

Es importante considerar en el debate que las empresas de gran tamaño corresponden al 53,6% del empleo formal del país, por lo que una situación de quiebra implicaría aumentar el desempleo, empeorando las condiciones de precariedad pre-existentes en las que se encuentran las y los trabajadores.

El mes pasado —y esta semana nuevamente— el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, anunció que analizan opciones para ir en ayuda de las grandes empresas. Sin embargo, es muy posible que esta medida vaya en la misma línea que las otras leyes anunciadas por el Ejecutivo, como sucedió con la Ley de Protección al Empleo, que tiene una desigual imprenta, a favor de los empresarios y en desmedro de las y los trabajadores.

Por tal razón, el proyecto de Ley de nacionalización parcial de empresas estratégicas que presentó el 19 de mayo la bancada parlamentaria de Convergencia Social es un buen paso para evitar que las eventuales inyecciones de recursos por parte el Estado a las grandes empresas no sean a cambio de nada.

El proyecto contempla la compra de acciones de las grandes empresas que soliciten “rescate”, a cambio de que el Estado adquiera parte de su propiedad y que la empresa otorgue garantías sociales, económicas y laborales a los trabajadores, como la prohibición de despidos, suspensión de relaciones laborales y rebajas de jornadas durante la crisis. Esto, que por cierto está en línea con lo que se está haciendo en Europa, implicará que el directorio de la empresa incluya representantes del Estado, pero además a trabajadores y trabajadoras electos democráticamente.

Sin duda esta medida es una buena noticia, en tanto los intereses generales de la sociedad se verán representadas en el directorio por las trabajadoras/as y por el Estado. Esto evitará que eventuales decisiones del privado, movido por sus intereses, afecten a trabajadores o consumidores.

Asimismo, se establecen medidas que corrijan las discriminaciones de género, promoviendo un directorio con paridad y el cumplimiento de la Ley de Igualdad Salarial junto con el establecimiento de planes de mejora continua en materia ambiental.

Pero la incorporación del Estado en la propiedad de la empresa de gran tamaño también es una buena señal para asegurar el buen manejo de la economía en tiempos de crisis, garantizando la provisión de bienes y servicios estratégicos que estas entregan a la ciudadanía. Sería improcedente pensar que las aerolíneas —como Latam— dejen de proveer vuelos o reduzcan la calidad del servicio para abaratar costos.

El Estado también puede, por medio de su participación en los directorios, incentivar la competencia en los mercados que proveen bienes y servicios estratégicos. Esto es particularmente importante en nuestro país, ya que muchas grandes empresas tienen algún grado de poder monopólico en sus mercados. Recordemos las ilegales subidas de precios o establecimientos de cuotas en el mercado del papel higiénico, pollos, pañales, remedios, entre tantos otros.

Una última buena razón para establecer directorios cogestionados en las grandes empresas, es que el Estado junto con las y los trabajadores, en un interés general de transitar a un estadio de mayor desarrollo económico, puede con el privado indicar los pasos siguientes hacia dónde ir en materia productiva.

Esto es especialmente relevante si se quiere superar la baja complejidad de nuestra economía. El sector privado por sí solo no transitará a una transformación estructural de la economía, pues el actual modelo económico les entrega las suficientes rentas para mantenerse estático. Por lo que la nueva composición de los directorios en empresas estratégicas podría ser una tremenda oportunidad para empujar los cambios que el país necesita.

Artículo originalmente publicado en Ideas Socialistas 

En los artículos anteriores "Informe económico y proyección para 2020 de la crisis: ¿Puede la economía chilena ir a una situación de crisis cómo en 1982?" y "La Deuda Capitalista en Chile: El Muerto que nos quieren cargar en esta crisis" expusimos cómo la deuda tomada por las grandes empresas podría estar llevando a la economía chilena a una situación similar a la de 1982; y que de concretarse esto, intentarán cargar la crisis sobre las grandes mayorías.

La política de entregar créditos a las empresas y aplicar suspensiones y despidos a miles de trabajadores, empujada por Piñera y aprobada por el Congreso, fue una muestra de esto. Todo indica que la tendencia se mantiene, ya que recientemente el Banco Central solicitó un prestamos por 23 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI), cuestión que no ocurría desde la dictadura cívico-militar.

¿Quién es el FMI? ¿Qué está en juego detrás de esta petición del Banco Central?

El FMI: Paladín regulador del capital

El Fondo Monetario Internacional (FMI) es un organismo internacional que supervisa las políticas económicas; concede préstamos e interviene con capacitaciones técnicas en la vida económica de los 187 países adherentes. El FMI es un regulador del capitalismo a nivel internacional[1], creado posterior a la Gran Depresión, encargado de que se respeten las “reglas del juego”. Reglas que, por supuesto, ponen las grandes corporaciones mundiales, las potencias imperialistas, por medio de sus Estados.

En simple, si un país atrasado, con una economía monoproductora y dependiente de las inversiones extranjeras (como Chile, Argentina, Haití, Ecuador, etc), está altamente endeudado con las grandes corporaciones capitalistas, y éste tiene problemas macroeconómicos que no le permiten cumplir estas “obligaciones”, el FMI levanta sus alarmas, dado que los acreedores de esa deuda son los grandes capitales mundiales, si no se paga la deuda entonces se considera “activo tóxico”, una deuda que no vale nada. Un nuevo endeudamiento profundizará la crisis actual, ya que caerían las ganancias de las grandes corporaciones mundiales (bancos como el Citygroup, JP Morgan, entre otros que son acreedores de esta deuda). Así el FMI va al “rescate”, pero no del país deudor, si no para sanear los desequilibrios del capitalismo mundial ampliando la deuda y la dependencia de las economías menores.

EL FMI y su historia con la Chicago-dictadura

En 1975 los desequilibrios económicos en Chile eran enormes, la inflación alcanzaba el 375% y el déficit comercial no detenía su crecimiento. Ante esta situación los grandes bancos imperialistas dejaron de prestar dinero a Chile, lo que llevó a la dictadura a tener que buscar ayuda internacional para cerrar los desequilibrios. Para esto Chile debía posponer la deuda que anteriormente contraída -hasta 1975- ante lo cual se terminó por encontrar con la oposición del capital internacional en el club de París, debido a las violaciones a los derechos humanos llevados adelante por la Dictadura cívico-militar. Por su parte el FMI llevó adelante la negociación y consiguió que la Dictadura obtuviera un tercera parte de la renegociación de su deuda, que terminaron pagando los millones de trabajadores que vieron recortados sus salarios, desocupación histórica, además de la reducción brutal del gasto social -estas medidas fueron parte del acuerdo que impuso el FMI- , importante es recordar que esta que pudo ser llevada adelante en base a la desaparición, la tortura y la muerte.

Así empieza la última historia del FMI con la burguesía chilena. Concretamente, el FMI es quien inició toda la política neoliberal en Chile que posteriormente la dictadura profundizó por medio de los chicago boys, buscando re-establecer nuevos marcos mundiales de acumulación para el capitalismo en Chile y el mundo.

¿Por qué Vuelve el FMI?

El punto es que hoy después de 40 años Chile vuelve a entrar en una crisis, y los fantasmas del pasado, aquellos desequilibrios de una economía atrasada, podrían reaparecer.

En el reciente informe de política monetaria del Banco Central de Chile plantea directamente algo nuevo y que causa temor en la burguesía: “El negativo escenario económico se reflejará en un deterioro de la posición financiera de las empresas, limitando su capacidad de pago”, todo esto los lleva a concluir que estamos en una situación donde “la banca queda muy expuesta”.

Dado lo anterior, el Banco Central de Chile increíblemente argumenta que es su rol es gestionar el colchón del capital contracíclico, es decir, ocupar las instituciones del Estado para salvar a la banca, en concreto, inyectarles dinero líquido ante la situación de riesgo.

Lo aún más increíble es leer a diversos economistas y analistas que plantean que el acuerdo FMI-Banco Central de Chile es oportuno, y ponen como ejemplo a México en 1990, olvidando la crisis del tequila de 1994, y que también en la actualidad México tiene una de las deudas mayores a nivel mundial -con respecto al PIB-, deuda que se acumuló por los múltiples “rescates” del FMI, y que por cierto los transformaron en uno de los países más desiguales del mundo.

Estos analistas evitan nombrar a Argentina, Haiti, Ecuador, donde la deuda llevó a aumentos en la desigualdad (Argentina llegaría a 35,3% de pobreza en 2020)[3], también plantean que este es un crédito “blando” y que “no tiene exigencias”. La cuestión es que si la crisis se profundiza (y es la situación más probable) y los bancos no pueden pagar sus deudas a los grandes pulpos financieros mundiales ¿Quién pagará ahí? Ahí vendrán las exigencias. La dinámica de la deuda ha tenido esta forma en lo últimos 150 años de historia para América Latina y el Caribe, tomar deuda en el presente y pagar con la miseria de las mayorías en el futuro.

El crédito que hoy pide el Banco Central de Chile al FMI es para continuar la política llevada adelante por el gobierno de Piñera: conceder créditos a las empresas mientras se promulga la ley de protección al empleo, es decir, entregar dinero fresco al capital y hacer pagar a los trabajadores. Con el regreso del FMI a Chile, lo que se busca es escalar esta política a niveles mayores, sostener a los capitalistas de la banca y la industria ante una crisis más profunda, con deuda que nos harán pagar a las mayorías.

Una salida sin el FMI y de ruptura con el capitalismo

Para entender la dinámica de la deuda endémica de los países capitalistas atrasados, es necesario comprender que sus débiles economías le impiden tener capacidad de ahorro, esto los lleva a tener que recurrir a los mercados internacionales para obtener liquidez, con el fin de empujar un crecimiento económico.

Así, terminar con esta dinámica de la dependencia implica que la economía pueda generar ahorro, que hoy queda en manos de los grupos empresariales, es decir, para recuperar estos recursos es necesario romper la dominación del capital financiero imperialista y los monopolios nacionales, que tienen hasta el día de hoy las palancas de la economía.

El único camino sería nacionalizar la banca, en un banco único estatal para toda inversión tenga por objetivo la generación de valor para el conjunto de la sociedad y que esta no vaya a las arcas de las corporaciones capitalistas rapiñas, que por medio de tomar instrumentos de deuda internacionales en forma de IED (Inversión Extranjera Directa), se llevaban el valor generado por los trabajadores en Chile, en lo que se conoce como “renta por instrumento de deuda”, que es el mecanismo predilecto de traspaso de valor , desde la producción desarrollada en Chile a las arcas de las monopolios financieros[4].

Con esto se podría generar producción interna, aumentar la oferta de productos para el conjunto de la sociedad y romper con la dependencia. Pero esta no es una tarea que quieran y puedan llevar adelante los conglomerados capitalistas chilenos, que viven en sintonía con el imperialismo, en lo que podríamos llamar “dependencia parasitaria”. Este objetivo requiere la reorganización de toda la estructura productiva en Chile, contra los capitales monopólicos nacionales e internacionales. En un país industrialmente atrasado como Chile, la burguesía se ha desarrollado débil debido a su formación parasitaria originaria, que se arrastra desde los inicios de la independencia [5], así, la única clase que está en la posición y tiene la fuerza social para llevar adelante esta transformación del sistema financiero son las y los trabajadores[6]. La clase trabajadora organizada podrá reorientar la producción y la banca, el crédito en favor de las mayorías en la medida que la banca estatal sea gestionada por la organización sus trabajadores para y con la sociedad que cumpla la función de entregar recursos a los pequeños productores y emprendedores, para generar valor para las necesidades sociales y no para los monopolios capitalistas.

Bibliografía y Anotaciones

1.-Fondo monetario internacional , fundación y misión
:https://www.imf.org/es/About/Factsheets/IMF-at-a-Glance

2.- El Club de París, es un espacio de discusión y negociación entre acreedores oficiales y países deudores. Su función es renegociar en forma coordinada y conjunta las deudas externas de los países deudores con dificultades de pago. Su creación, que es la primera reunión informal, es de 1956 cuando Argentina estuvo de acuerdo en efectuar un encuentro con sus acreedores públicos. Acuerdo concluido el 16 de mayo

3.-CEPAL, 2020, El desafío social en tiempos de COVID

4.-Andy Higginbottom,2013; The Political Economy of Foreign Investment in Latin America: Dependency Revisited

5.-Luis Vitale, 2011; Interpretación Marxista de la Historia de Chile

6.-León Trotsky, 1939; La industria nacionalizada y la administración obrera