La presente columna tiene como objeto criticar el modelo de educación superior que concibe a ésta como una mercancía regida por las leyes del mercado. En concreto se presentan una serie de argumentos que evidencian los problemas estructurales de concebir a la educación como una mercancía.
La educación como un bien de consumo regido por las leyes del mercado.
La educación superior en nuestro país se dejó en manos del mercado, se trata como una mercancía, en donde las leyes de la demanda y oferta manejan la cantidad de educados y el precio que vale la educación. No nos debe sorprender que la educación se trate como un bien de consumo y de inversión. El máximo argumento del Gobierno (tanto Concertación como derecha) es señalar la creciente entrada de alumnos a la educación superior, es decir, la expansión de la oferta de establecimientos educacionales que entregan el bien educación, cosa tal de permitir que más alumnos puedan demandar este bien.
Ahora bien, el mercado de la educación sufre una falla, y es que no todas las personas pueden demandar educación, puesto que en nuestra sociedad-una de las más desiguales del mundo en términos de distribución de riquezas- existen familias (gran parte del total) con bajos recursos económicos y que por lo tanto son considerados riesgosos para los oferentes de educación. Lo anterior, pues pueden no cubrir el precio por la educación. En tal caso, la oferta será menor a la demanda por el bien educación, desencadenando una escasez por el bien. Al contraerse la oferta, también ocurre que el precio por el bien educación aumenta, por lo que menos gente puede optar a la educación, y los que acceden deben pagar un precio mayor. A esta falla del mercado le denominamos mercados incompletos, y el agente que debe hacerse cargo de esto- para el modelo imperante-es el Estado. Así pues, el Estado debe encargarse de, algún modo, enfrentar el financiamiento de aquellos que pareciesen riesgosos para los establecimientos de educación superior.
Así pues, el Estado permite el financiamiento de la educación superior mediante créditos como CORFO, entregando créditos solidarios para universidades del Estado, y por último permite la participación de la banca, creando el CAE, en donde el Estado es aval del estudiante. Con esto, los estudiantes riesgosos para los oferentes, ahora no lo son, puesto que ellos pueden pagar mediante los mecanismos dichos anteriormente.
Para quienes creen ciegamente en el mercado, la falla se ha corregido, puesto que el equilibrio se alcanza nuevamente. Pero, incluso, desde una óptica sin sesgo ideológico se puede evidenciar una seguidilla de problemas estructurales que procederé a mostrarles, y que hacen que la educación de mercado sea completamente juzgable.
Primero, el endeudamiento de los estudiantes y el retorno de sus estudios.
El sistema permite que se endeude un estudiante, cosa tal de que estudie, y cuando egrese y trabaje, pueda pagar su deuda acumulada. Pues bien, el gran problema de esto es que muchos estudiantes obtendrán un retorno –no siendo pesimistas- posterior a su estudio no tan alto, provocando que la deuda se más pesada en ellos, e incluso haciéndoles la vida imposible. Aquí influyen muchas variables.
Uno, la educación de mercado permite una libre entrada y salida de establecimientos de educación superior, que en conjunto forman la oferta de educación superior. Su libre entrada y salida sólo dependerá de si ellas logran cubrir sus costos variables. Para esto, deben lograr maximizar la mayor cantidad de ingresos de alumnos posible. Por lo tanto un establecimiento puede enfocar sus recursos en intentar que entre el mayor número posible de alumnos, en vez de destinar esos recursos en entregar educación de calidad, puesto que le puede resultar más rentable. Así, una universidad puede invertir más en publicidad adecuada, que en tener una buena educación. Por lo tanto es factible que existan establecimientos de educación superior que ofrezcan una educación paupérrima, pero que, mientras mantengan un buen número de estudiantes en él, permanecerán en el mercado de la educación.
Entonces, un estudiante puede endeudarse para estudiar en una universidad que no le entrega una educación de calidad, por lo que su formación académica no es la adecuada para tener un buen rendimiento en sus trabajos. Esto hará que no reciban buenos salarios, y se les dificultará obtener un sueldo adecuado para pagar los porcentajes correspondientes a salud y pensión, además del interés por su endeudamiento por la educación.
Se evidencia, por lo tanto, que existirán estudiantes que se endeudarán para estudiar, pero la pasarán mal al momento de pagar sus deudas, debido a la dudosa calidad de su educación.
Dos, un reciente estudio del CEP (Urzúa 2012) señala que muchos estudiantes al estudiar ciertas carreras en ciertas universidades obtendrán un retorno negativo, por lo que les convendría, una vez salidos de cuarto medio, trabajar de inmediato en vez de optar a la educación superior. Esto amenaza la estructura del modelo de educación de mercado, puesto que muchos demandantes de educación, pagarían un costo superior al beneficio que obtendrían de recibir la educación, por lo que no demandarán el bien. Ciertamente, este argumento es válido sólo para las universidades de baja calidad- y que pueden ser muchas-, y para carreras que no son rentables para el mercado, como lo es -según el estudio- periodismo y sicología, y por cierto las carreras artísticas y pedagogía. Aquí nace otro debate, del cual la columna no se hará parte, pero que si es importante de analizar, que es que el mercado hace más rentables las carreras más solicitadas, y menos rentables a aquellas que son menos solicitadas. Por lo tanto, las carreras artísticas, entre otras, se hacen costosas para estudiar, y se dejan de lado, pues los alumnos no pueden optar a ellas dado su retorno negativo.
En síntesis de este punto, el mismo mercado de la educación provoca que algunos alumnos no les convenga ingresar a la educación superior, pues obtendrían retornos negativos (para ciertas carreras y ciertas universidades).
Segundo, el gasto que realiza el Estado para permitir la existencia del mercado de la educación es ineficiente.
El gasto que efectúa el Estado en la educación no es la opción más eficiente. Esto se puede comprobar en el funcionamiento del Crédito Aval del Estado (CAE). El Estado permite que los estudiantes se endeuden con la banca privada a la nueva tasa del 2% (desde su creación, la tasa era del 6%, y funcionó así hasta fines del 2011), con la garantía que el Estado pagará los eventuales no pagos. Aquí se pueden concluir varias cosas.
Uno, El Estado está comprometido a pagar el 90% de la deuda contraída por el estudiante que cursa el primer año en la universidad, un 70% al de segundo año, un 60% al de tercer año y así sucesivamente. Actualmente existe una alta tasa de deserción (19% en las Ues de consejo de rectores y un 22% en las Ues privadas), del cual el 40% son alumnos primera generación de sus familias en la universidad, lo que evidencia que son provenientes de los quintiles más pobres. Con lo anterior, el Estado destina una cantidad considerable de recursos a pagarle a los bancos por las deserciones de sus estudiantes, y además los estudiantes desertores, que probablemente son de familias de escasos recursos, contraen una deuda con los bancos. Por lo tanto, el Estado desembolsa dinero a los bancos, permitiendo que estudiantes de quintiles más bajos, al cabo de unos años se encuentren más pobres de lo que eran cuando entraron a estudiar educación superior.
Dos, La banca, por su condición de adverso al riesgo, obliga al Estado recomprar los créditos de los alumnos más riesgosos con un recargo adicional al valor real. Esta recompra alcanza el 41% del total de créditos colocados, y el recargo en el año 2010 alcanzó el 37% de la cartera comprada (aunque en el año 2011 éste bajó a 11%). La cantidad de dinero que entrega el Estado a la banca por esta recompra y el recargo adicional es simplemente aberrante.
Según estimaciones hechos por el CENDA respecto a las ganancias brutas de los bancos obtenidos desde el año 2006 hasta el año 2011 (años de vida del CAE), se han reportados cerca de 400 millones de dólares a los bancos (provenientes de intereses devengados por los estudiantes y las recompras pagadas por el Fisco).
Lo impresionante de este tema, a mi juicio, es que el Estado recompre créditos riesgosos a un sobreprecio, que durante 5 años, alcanzó el 40% del valor total créditos otorgados. Es decir, cerca de la mitad de los créditos entregados a estudiantes, han sido pagados por el Estado hacia la banca, pero la banca además recibe las deudas comprometidas por el estudiante.
Esto me hace dudar seriamente de la eficiencia de los gastos que realiza el Estado respecto a la educación. Perfectamente el Estado podría entregar en forma de becas esos créditos recomprados, en vez de permitir que el estudiante se endeude con el banco, y además el Estado deba recomprarle ese crédito.
Ciertamente el Estado entrega una gran cantidad de recursos-que por cierto es de todos los chilenos- a la banca privada. El 2011 destinó un tercio del presupuesto de la educación superior a recompra de cartera CAE con elevadas recargas en beneficios de los bancos (Riesco 2011).
Como podemos ver, el Estado, en su afán de permitir un funcionamiento sin fallas del mercado de la educación, incurre en gastos que dan luces de no ser el camino más eficiente.
Síntesis y breves conclusiones respecto de concebir a la educación como una mercancía.
La educación de mercado, por el hecho de regirse por las leyes del mercado, genera una serie de problemas. Primero, que la oferta de educación, al permitir libre entrada y salida de establecimientos, incita a estas a maximizar sus ingresos para permanecer en el mercado, focalizándose en captar la mayor cantidad de demanda, dejando de lado la calidad de la educación impartida. Lo anterior hace que los estudiantes reciban una educación superior descuidada e incluso paupérrima, que repercutirá en su futuro laboral, y que por lo tanto provocará dificultades de obtener un salario tal que le sea factible pagar sus deudas por estudios.
Lo anterior afecta los retornos de los estudiantes, por lo que muchas veces a los alumnos salidos de cuarto medio no les convendrá entrar a la educación superior, pues los retornos que obtendrán serán negativos (para ciertas carreras y para ciertas universidades).
Segundo, los demandantes de educación provenientes de familias más pobres (una gran cantidad en nuestro país) se endeudarán con los bancos para estudiar. Parte de estas deudas son garantizadas por el Estado, quienes deben recomprar créditos con un sobreprecio para asegurar que los bancos faciliten sus préstamos. Estos recursos entregados por el Estado a los bancos privados (recompra de créditos con un sobreprecio) alcanzaron en el año 2011 un tercio del presupuesto de la educación superior. Esto hace dudar de la eficiencia de los gastos que realiza el Estado. ¿Es realmente este actuar la política más eficiente? Es dudoso.
Es conveniente entender que la existencia del modelo de educación de mercado impuesta en nuestro país es resultado de ideologías que dominaron y dominan en quienes toman las decisiones, no es mera casualidad ni producto de haber encontrado el mejor modelo para concebir la educación. Por lo tanto, buscarán mantenerla a como dé lugar. Lo que se ha presentado en esta columna reflejan las ineficiencias del modelo actual, y justifica que se piense en desecharlo e instaurar otro modelo. Para esto, se debiesen analizar alternativas de modelos, y compararlo con el actual, verificar cual es más eficiente y entregue un mayor bienestar a la sociedad chilena. Con lo anterior, la existencia de un modelo de educación pública de calidad y gratuita para todos sus alumnos es una posibilidad, en la medida que éste modelo sea mejor al existente. Generar los espacios de discusión es esencial si se busca un Chile mejor, espacios de discusión que hoy día, quienes toman las decisiones no lo desean, pues ponen en juicio su ideología.
Felipe Gajardo
Estudios Nueva Economía