David contra Goliat: Honorarios del Estado no cotizarán en las AFP

David contra Goliat: Honorarios del Estado no cotizarán en las AFP

Esta semana fue publicada la Ley que permite a los trabajadores a honorarios del Estado, y al conjunto de trabajadores independientes del país, no ser cómplices forzados (hasta 2018) del robo de las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP)[i]. Adicionalmente, el proyecto de ley modifica las lógicas de acceso a la seguridad social que imperaban desde la dictadura, y que no fueron modificadas en veinticinco años de gobiernos democráticos. Desde hoy, falsos y verdaderos trabajadores independientes, podrán acceder al Fondo Nacional de Salud (FONASA) y al Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales sin la obligatoriedad de cotizar en las AFP.

La promulgación de esta ley fue impulsada por miles de trabajadores a honorarios del Estado que exigimos formas de contratación dignas, rechazando categóricamente ser parte de un sistema de pensiones que financia la corrupción[ii], entrega pensiones paupérrimas, y asegura utilidades a empresas cuyos controladores fueron cómplices de la dictadura y promotores de la privatización de los servicios y medios de producción públicos[iii]. Con el objetivo de visibilizar parte del trabajo organizativo realizado por el boletariado[iv], esta columna aborda las distintas aristas que permiten entender la promulgación de esta ley.

Tal como fue indicado en una columna anterior[v], de acuerdo a la Dirección del Trabajo, la cantidad de Sindicatos de Trabajadores a Honorarios del Estado activos a la fecha, pasó de 9 a 81 entre los años 2013 y 2015, agrupando a más de 2 mil trabajadores y más de 3 mil trabajadoras, en 11 regiones del país.

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De los 41 Sindicatos fundados el año 2014, 17 fueron en la Araucanía, 7 en la región Metropolitana y 5 en Valparaíso. Todos con inquietudes compartidas: la precariedad laboral, la vulneración de derechos, discriminación por no ser reconocidos como funcionario públicos, y las implicancias de la Reforma Previsional cuyo Titulo IV obligaba a los trabajadores independientes a cotizar de forma obligatoria en las AFP (Ley 20.255)[vi]. Si no cotizábamos de forma voluntaria y mensual a partir de enero 2015, las AFP nos robarían nuestro salario a partir de la retención del 10% del sueldo que el Servicio de Impuestos Internos (SII) realiza para hacer efectivo el cobro del impuesto a la renta de los trabajadores independientes. El inminente perjuicio que dicho robo implicaría en nuestras rentas, sumado a una acumulación de malestar producto de una situación de discriminación que se arrastra por décadas, llevó a miles de trabajadores a organizase: crear sindicatos, coordinadoras y federaciones regionales, encuentros y orgánica de carácter nacional, definir objetivos y acciones para reivindicar años de vulneración por parte del Estado.

En lo concreto, entre enero 2014 y la fecha en que la ley fue presentada por el ejecutivo, se realizaron cientos de asambleas sindicales, más de diez encuentros regionales, dos congresos nacionales, una asamblea vinculante para definir directiva nacional, y más de cinco movilizaciones de carácter nacional. Las movilizaciones nacionales tuvieron distintas expresiones: manifestaciones en los municipios y en los sectores cercanos a los lugares de trabajo, concentraciones frente a los gobiernos regionales, manifestaciones y tomas de los Ministerios del Trabajo y Hacienda, y movilizaciones intersindicales[vii].

Este conjunto de acciones, permitió que el movimiento de trabajadores a honorarios del Estado fuese fortaleciéndose, para finalmente ser considerado un interlocutor válido por quienes mantienen el control de nuestra legislación: se concretó una sesión especial en la Cámara de Diputados en Noviembre del año 2014 para abordar la problemática de los trabajadores a honorarios del Estado (de dicha sesión emanaron un Proyecto de Acuerdo y dos Proyectos de Resolución)[viii], dirigentes nacionales sostuvieron reunión con la Comisión Bravo para presentar nuestra problemática y propuestas de resolución[ix], se sostuvieron más de diez reuniones con autoridades de Gobierno (Secretarios Regionales Ministeriales, Subsecretarios y Ministros)[x], dirigentes nacionales presentaron la posición de los honorarios organizados en distintas Comisiones del Congreso[xi], y finalmente, se logró la presentación por parte del ejecutivo del proyecto de ley que atendía de forma parcial las demandas y propuestas de los trabajadores organizados respecto a la cotización obligatoria y derecho a la salud.

Este proyecto se votó de forma favorable en las distintas instancias parlamentarias correspondientes con el compromiso de establecer una mesa de trabajo permanente entre el gobierno y los trabajadores que permita ir resolviendo la problemática de fondo que encierra la precariedad laboral al interior del sector público[xii].

La promulgación de la Ley N°20.894 representa un gran hito para la organización de los Trabajadorxs a Honorarios de Estado y para los trabajadores precarizados en general, pues no tan sólo simboliza una victoria parcial sobre el sistema de AFP (Plan Vital amenazó con demandar al Estado por “cambios unilaterales en las condiciones de licitación”)[xiii], sino que también refleja lo que los trabajadores pueden lograr mediante organización y lucha mancomunada: que un sistema parlamentario capturado por intereses particulares, ligados a los grandes capitales, legisle parcialmente en contra de estos.

Los trabajadores a honorarios del Estado, tenemos una gran lucha por delante: reestructurar las formas de contratación en el Estado, superar la vulneración de los derechos maternales, empoderar y dignificar el sentido y servicio público, superar el Sistema de AFP, concientizar a la ciudadanía respecto a la legitimidad de nuestra demandas y propuestas. Sin duda el escenario ha sido adverso, no contamos con protección sindical ni garantías para un desarrollo virtuoso de nuestras organizaciones, la precarización laboral conlleva una alta rotación de socios y dirigentes, no contamos con los recursos que faciliten nuestra coordinación, hemos sido víctima de diversas prácticas antisindicales, amenazas hacia las organizaciones incipientes en municipios y servicios públicos. Más aun, la vulneración de nuestros derechos sindicales ha llevando al despido de dirigentes como medida ejemplarizadora para callar nuestro movimiento, situaciones en las que nuestra única herramienta ha sido la denuncia pública y demandas interpuestas en los tribunales de justicia[xiv]. Muchos de los nuestros han quedado en el camino pagando un alto costo por sacar la voz en contra de un Estado que se ha convertido en el peor empleador de Chile.

Aun así, hemos avanzado y demostrado que la unión de jóvenes trabajadores que se enfrentan por primera vez a la vulneración de sus derechos laborales, junto a funcionarios que llevan décadas siendo vulnerados por los gobernante de turno, podemos avanzar hacia las reformas estructurales que el Estado y nuestro sistema de pensiones requiere. El empoderamiento y dignificación de lo público así lo requiere!

Sebastián Valdebenito
Presidente Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores a Honorarios del Ministerio de Desarrollo Social
Miembro de Estudios Nueva Economía

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