Lesley Ayala Calero*, Marcelo Jara Ruiz** & Vannia Ruiz***.
Introducción
Ante la actual situación de pandemia mundial, la Organización Mundial de Salud hace énfasis en los cuidados e higiene que se deben seguir para controlar la expansión del virus COVID-19, sin embargo, al analizar estas sugerencias y proyectarlas de manera territorial, se observa que la gran mayoría de la población latinoamericana no cuenta con los servicios básicos de agua potable y saneamiento, comparten viviendas con más de dos núcleos familiares provocando hacinamiento; imposibilitando mantener el distanciamiento social o cumplir cuarentenas efectivas.
Bajo estas nociones de habitabilidad, se cuestiona el rol que cumplirán los objetivos de desarrollo sostenible especialmente en Latinoamérica para mitigar el impacto causado por el virus COVID-19, el cual no solo ha evidenciado las profundas brechas de inequidad, sino que también ha visibilizado los puntos más críticos en los cuales deben intervenir los gobiernos en su formulación de políticas públicas.
Los Diecisiete Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) contemplada en la agenda 2030 de Desarrollo Sostenible por la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) son una herramienta de planificación y seguimiento para los países, tanto a nivel local como regional, por lo que su visión a largo plazo constituye un apoyo para cada país en su senda hacia un desarrollo sostenido, a través de políticas públicas e instrumentos de presupuesto, monitoreo y evaluación. Ante la situación mundial de pandemia por el COVID-19, reforzar los ODS se convierte en una de las prioridades para el futuro de América Latina y El Caribe, en especial a aquellos que abarcan las condiciones en que se consumen los recursos hídricos y propician una vida digna para habitantes de recursos medios y bajos. El objetivo número seis orientado a Agua limpia y saneamiento, resulta ser de vital importancia, considerándose a su vez como el que más retos aporta en la gestión de políticas habitacionales, planificación urbana y manejo de recursos en tiempos fuera y dentro de pandemia. De esta manera, la opción de continuar con los mismos patrones de producción y consumo ya no es viable, lo que hace necesario transformar el paradigma de desarrollo dominante en uno basado en el desarrollo sostenible, manteniendo una visión inclusiva a largo plazo.
Sin embargo, la priorización de políticas a favor de la reactivación económica que no posea una visión integrada de bienes sociales, podrá tener consecuencias en desmedro del aseguramiento del acceso a servicios básicos de comunidades y asentamientos humanos más vulnerables de los territorios, por ejemplo: aquellos territorios con acceso limitado a agua potable y saneamiento, o los grupos sociales que no pueden acceder a servicios de salud de manera oportuna; estos aspectos forman parte de los ODS y de las condiciones de las comunidades más necesitadas en Latinoamérica. Esta situación pone en evidencia las profundas y drásticas diferencias en acceso a los bienes y servicios básicos. En este sentido, según el documento "¿Qué son los objetivos de desarrollo sostenible?" del Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible (CODS), actualmente en Latinoamérica 13 millones de personas no tienen acceso adecuado al agua y 61 millones no tienen servicios de saneamiento básico, condiciones que se intensificarán en el contexto de pandemia.
De esta manera, y situando el caso de Chile como un ejemplo de la vulnerabilidad y exposición evidenciada en la región de Latinoamérica, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el país 1.431.162 personas (equivalente a 425.104 hogares) presentan problemas de acceso a la red de servicios básicos (ver imagen 1). Lo anterior representa al 8,14% del total de la población.
Imagen 1: Hogares con problemas de acceso a la red de servicios básicos por región de Chile
Sumado y complementando lo anterior, uno de los principales indicadores de desigualdad y exclusión extrema son los asentamientos humanos informales. Así aproximadamente un 20% de la población urbana vive dentro de estas comunidades[1]. En este sentido, con el contexto sanitario actual, este número aumentará significativamente; esta situación se agrava por multiformes impactos de desigualdades que experimentan estas comunidades, como la discriminación, las violencias sociales y la represión estatal.
Reflexiones en torno al conflicto
La crisis sanitaria mundial ha dejado en descubierto muchas de las necesidades que, si bien se conocían y eran estudiadas antes de la pandemia, ahora tienen mucha relevancia respecto al papel que los asentamientos informales juegan dentro del procesos de control de expansión del virus, y como el sistema de desarrollo, no solo desde el enfoque económico, sino, que también el social y urbano, los convierte en los sectores más vulnerables de Latinoamérica.
En el reciente informe sobre asentamientos humanos Informales de la Organización de las Naciones Unidas, se señala que las recomendaciones brindadas por las autoridades sanitarias sobre el lavado de manos, distanciamiento físico/social y cuarentenas domiciliares, resultan ser imposibles de cumplir por los sectores más pobres e informales, debido a la falta de acceso de agua potable como de servicios básicos de saneamiento, y espacios reducidos de habitabilidad, lo que les propician el hacinamiento, junto con la falta de recursos económicos para poder contar con acceso a electricidad o servicios de banda ancha o aparatos electrónicos, e incluso la desconfianza que esta población posee hacia la información de prevención de contagios que provienen de parte del gobierno o municipalidades y que, principalmente, se origina por la marginalidad y estigma de los que han sido víctima. Todas estas carencias que bajo la pandemia han sido remarcadas por el aumento del desempleo, o la reducción de ingresos económicos sobre todo del sector informal, muestran la dificultad de costear insumos de higiene y alimentación junto con reducir la posibilidad de acceder servicios de salud de manera oportuna, de conservar o acceder a viviendas mejor acondicionadas para conservar su salud.
Dentro de la accesibilidad limitada de servicios, otro elemento a considerar son los eventos de extrema sequía que experimenta Latinoamérica y, en particular Chile, la cual ha conducido a una crisis hídrica, evento que condiciona la futura accesibilidad al agua potable, servicios de electricidad y producción de alimentos, por lo que la planificación territorial y socioambiental, en donde se procuren soluciones para los diversos conflictos por el agua a lo largo de todo el territorio nacional, deben de encabezar la agenda política para evitar futuras crisis de mayor profundidad. Este problema en particular se agudiza aún más bajo el contexto de cambio climático, sumando además los efectos generados por el modelo productivo actual del país, en donde las empresas con recursos explotan las napas subterráneas sacando grandes cantidades de agua en desmedro de las comunidades y pequeños productores que han visto sus pozos secarse. Es por lo anterior también que las comunidades rurales han sido especialmente afectadas, donde existen 1.200.000 personas que dependen del sistema de Agua Potable Rural (APR).
La pandemia por COVID-19 demuestra la importancia del acceso y conservación del agua y el acceso a la salud como derecho humano; muestra las fallas estructurales del sistema en el que se ha construido el territorio, pero sobre todo brinda con claridad los puntos en los cuales se puede intervenir, ya sea en la formulación de políticas públicas a nivel nacional, o por medio de estrategias de mitigación enfocadas en las localidades utilizando sus propios sistemas de organización y redes, es decir, es una oportunidad para repensar la ciudad.
[1] Referencia a partir de Bonilla (2020). La crisis del Covid-19 y los asentamientos populares: Aproximación sobre la marcha para el debate de una estrategia regional.
Bibliografía
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Autores
*Lesley Ayala Calero: Arquitecta de la Universidad de El Salvador, Estudiante del Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
**Marcelo Jara Ruiz: Psicólogo de la Universidad Central de Chile, Estudiante del Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Coordinador de Desarrollo Organizacional Euroholding.
***Vannia Ruiz: Geógrafa de la Universidad de Concepción, Magíster en Geografía y Geomática de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Doctora© en Geografía, P. Universidad Católica de Chile. Instituto de Geografía, P. Católica de Chile].
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